EL 14 de abril se llevo a cabo el Web conferencing titulado “Asentamientos precarios y Vivienda social: impactos de la COVID-19 y respuestas” dentro del cual se resalto la importancia del papel investigativo para poder tomar decisiones y acciones estratégicas. En ese sentido, el Laboratorio de Vivienda – LAV promueve una iniciativa de identificar respuestas a la actual crisis generada por la pandemia y establecida por la OMS. Respuestas que pueden ser traducidas en políticas de seguridad social y de saneamiento, implementadas por diferentes gobiernos a lo largo de la región de América Latina. Bajo ese marco, se plantea brindar insumos que asista acciones públicas en los asentamientos informales y precarios de la región relacionados principalmente a las políticas de vivienda social, claro esta teniendo en cuenta el contexto por el cual atraviesan estas ciudades, considerando la segregación y la desigualdad social.
Es así como se han resaltado buenas acciones públicas hoy en día, estas adoptadas en las ciudades como respuesta a la crisis del COVID-19, entre las cuales se menciona la vivienda de emergencia para una cuarentena segura, promovida en Uruguay, así como la comisión de atención integral de desalojos en Costa Rica, con el objetivo de mitigar el problema de las evicciones durante la pandemia. Asimismo, en Bogotá se tomo la decisión del mínimo vital de consume de agua, en el cual hogares de bajos ingresos tienen derecho a un minimizo vital sin costo. Por otro lado, También se han dado alianzas intersectoriales, las cuales han permitido a los gobiernos trabajar en conjunto con todos los actos de la ciudad, ello para proteger y cuidar la vida de poblaciones vulnerables. Por ejemplo, están las alianzas con el sector privado para movilizar inmuebles vacantes, estos les han permitido a los gobiernos utilizar hoteles o recintos de hospedaje para poner en cuarentena personas llegadas de vuelos humanitarios u otras que fueron dejadas desprotegidas socialmente. Igualmente, las organizaciones sociales se mostraron presentes para coordinar con los gobiernos la organización de las comunidades denominadas como no atendidas en cuanto al acceso de alimentos y educación. Otros gobiernos locales han planeado en conjunto con los lideres de asentamientos humanos el mapeado de la cantidad de las familias y sus detalles demográficos incluyendo las necesidades mas urgentes de salud para ser resueltas. Finalmente, también se han destacado las acciones económicas solidarias que permita cubrir las necesidades básicas alimentarias de hogares en riesgo de malnutrición y otras para evitar el colapso económico de unidades productivas.
Cualquiera sea el balance de los resultados, en adelante se tendrán las bases para promover estrategias de recuperación regional, en el sentido que ahora existe una alianza intersectorial en diferentes escalas urbanas y de gobernanza.
CARLOS ANTONY MUÑIZ VELASQUEZ
MSC. URBAN DEVELOPMENT PLANNING
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
urbanalab.org 
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