Las Ciudades Injustas: ¿Para Quién Son Realmente?

Imagen: https://http://www.womenshealthmag.com/

Las ciudades han sido históricamente el epicentro del desarrollo humano, pero también han reflejado las desigualdades y contradicciones del sistema capitalista. En el actual modelo urbano, el espacio no solo se ha convertido en un bien de consumo, sino que ha sido instrumentalizado para consolidar dinámicas de exclusión. Frente a esta realidad, el concepto de «derecho a la ciudad», formulado por Henri Lefebvre en 1968, se presenta como una herramienta fundamental para repensar las políticas urbanas y garantizar una distribución equitativa del espacio público.

Las ciudades como espacios de expulsión

Saskia Sassen, socióloga y experta en globalización, ha advertido sobre el fenómeno de la «expulsión», donde los sectores más vulnerables de la sociedad son desplazados de sus entornos debido a procesos de especulación inmobiliaria y privatización del suelo. La lógica de acumulación de capital ha generado un urbanismo excluyente, en el que el acceso a vivienda digna y a servicios básicos se convierte en un privilegio en lugar de un derecho universal.

En este contexto, las ciudades se transforman en espacios diseñados para la maximización de la rentabilidad, sin considerar la diversidad de sus habitantes. La especulación financiera sobre el suelo y la proliferación de megaproyectos inmobiliarios han despojado a comunidades enteras de su territorio, promoviendo la gentrificación y la segregación socioespacial.

El derecho a la ciudad como respuesta política

Para contrarrestar estos procesos, es necesario retomar el derecho a la ciudad como una estrategia de transformación social. Lefebvre concebía este derecho no solo como el acceso físico al espacio urbano, sino como la posibilidad de participar activamente en su configuración. Esto implica democratizar la toma de decisiones en materia de planificación, garantizando que las políticas urbanas reflejen las necesidades de la ciudadanía en su conjunto, y no solo los intereses de grandes inversionistas.

El derecho a la ciudad también implica una visión interseccional, en la que las experiencias de diversos grupos sociales —como mujeres, comunidades racializadas y poblaciones en situación de pobreza— sean reconocidas en la construcción de un urbanismo más inclusivo. Una mujer negra que habita un asentamiento informal enfrenta múltiples barreras de acceso a la ciudad, desde la discriminación hasta la falta de infraestructuras básicas. Incorporar estas perspectivas en la formulación de políticas públicas es esencial para construir espacios urbanos equitativos.

Leslie Kern’s new book takes stock of the policies and infrastructure of a man-made world. (Dmytro Varavin/iStock)

Alternativas para una ciudad más justa

Más allá del reconocimiento teórico del derecho a la ciudad, es necesario traducir este principio en acciones concretas. Algunas estrategias incluyen:

1. Gestión pública del suelo: Crear mecanismos que limiten la especulación inmobiliaria y garanticen el acceso a vivienda asequible.
2. Democratización del urbanismo: Impulsar procesos participativos donde la ciudadanía tenga un rol central en la planificación de su entorno.
3. Recuperación del espacio público: Proteger y ampliar áreas comunes como parques, plazas y corredores verdes para evitar su privatización.
4. Infraestructura con perspectiva social: Desarrollar proyectos urbanos que prioricen las necesidades de los sectores más vulnerables.
5. Economía solidaria y cooperativismo: Fomentar modelos alternativos de producción y consumo que promuevan la justicia social en el ámbito urbano.

Hacia una revolución urbana

El derecho a la ciudad no es una utopía inalcanzable, sino una exigencia política que busca transformar las ciudades en espacios de convivencia, equidad y justicia social. Superar la mercantilización del territorio requiere voluntad política, pero también un cambio en la forma en que concebimos nuestras ciudades. En palabras de Lefebvre, la ciudad debe ser un espacio de encuentro y experimentación colectiva, donde todas las personas puedan ejercer su derecho a habitar, usar y transformar su entorno.

Si el modelo actual de desarrollo urbano ha generado exclusión y desigualdad, es imperativo construir alternativas que devuelvan la ciudad a quienes la habitan. La lucha por el derecho a la ciudad es, en última instancia, una lucha por el derecho a una vida digna en un entorno que no solo garantice el acceso a los bienes materiales, sino que también fomente la participación, la diversidad y el bienestar colectivo.