La Ley de Ordenamiento Territorial en Perú genera expectativas y dudas.

La reciente aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT) en Perú representa un hito en la planificación territorial del país. Esta Ley tiene como objetivo principal promover un uso sostenible y eficiente del territorio, abordando aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales de manera integral. Sin embargo, la ley también presenta desafíos significativos que podrían influir en su implementación efectiva y en el alcance de sus objetivos.

Avances y Oportunidades

Enfoque Integral y Multisectorial
La ley introduce un enfoque que abarca diversas dimensiones del territorio, promoviendo una planificación más holística. Se busca armonizar las actividades económicas y productivas con las prioridades de desarrollo sostenible, reconociendo la diversidad cultural y natural del país. Esta visión integral podría facilitar una toma de decisiones más coherente y adaptada a las particularidades de cada región.

Fomento de la Competitividad y el Desarrollo Económico
Uno de los aspectos más positivos es la creación de condiciones favorables para atraer inversiones y promover el bienestar social a través del uso adecuado de las potencialidades territoriales. Esto podría traducirse en un impulso económico significativo para regiones con alto potencial productivo, incentivando proyectos que generen empleo y desarrollo local.

Promoción de la Colaboración entre Niveles de Gobierno
La ley establece mecanismos para coordinar acciones entre los gobiernos nacionales, regionales y locales, lo cual podría reducir las duplicidades administrativas y mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos territoriales. Una mayor colaboración multinivel también contribuiría a una gestión más transparente y alineada con las políticas nacionales.

Participación Ciudadana Activa
Se fomenta la inclusión de actores locales en la planificación y toma de decisiones, buscando que las políticas reflejen verdaderamente las necesidades y prioridades del territorio. Este enfoque participativo podría ser clave para evitar conflictos socioambientales y garantizar que las comunidades se sientan representadas en las decisiones que afectan su entorno.

Enfoque en la Gestión de Riesgos y Transparencia
El establecimiento de un sistema de información territorial mejora la capacidad del país para gestionar riesgos de desastres y permite una toma de decisiones basada en datos. Esto no solo facilita una planificación más precisa sino que también podría contribuir a la creación de territorios más seguros y resilientes.

Desafíos y Riesgos Potenciales

Complejidad en la Gobernanza
La participación de múltiples instituciones y ministerios podría complicar la implementación de la ley, generando una burocracia excesiva. Este desafío podría afectar negativamente la coordinación y ralentizar la ejecución de acciones en el territorio, especialmente en situaciones de emergencia.

Conflictos de Competencias entre Entidades
Aunque la ley promueve la colaboración, la superposición de funciones entre los diferentes niveles de gobierno podría generar conflictos. Esto podría ser particularmente problemático en áreas con necesidades específicas o en zonas de alta presión económica, donde la claridad en las competencias es fundamental para evitar bloqueos administrativos.

Los Planes no son estrictos de cumplimiento.
El carácter orientador de la ley, que no establece mandatos vinculantes, podría traducirse en una baja efectividad de las recomendaciones técnicas. Esta flexibilidad, si bien permite adaptar las decisiones a las realidades locales, también abre la puerta a interpretaciones subjetivas y posibles inconsistencias en la planificación territorial.

Limitaciones en la Participación Ciudadana
Si bien se promueve la inclusión de la ciudadanía, no se definen con claridad los mecanismos para garantizar una participación efectiva y representativa. Esto podría reducir el impacto de las consultas públicas y limitar la influencia de las comunidades locales en las decisiones de uso del suelo.

Impacto en la Planificación a Largo Plazo
La falta de directrices obligatorias sobre el uso del territorio podría dificultar la implementación de proyectos de desarrollo sostenible. Esta ausencia de criterios específicos podría llevar a decisiones influenciadas por intereses políticos o económicos de corto plazo, afectando la coherencia y sostenibilidad de la gestión territorial.

Anteriormente especialistas en el tema ya habían advertido sobre algunas de estas debilidades, especialmente en cuanto a la falta de un enfoque participativo real, la necesidad de criterios ambientales y sociales claros, y el riesgo de favorecer intereses económicos específicos. Aunque la ley introduce avances en estas áreas, los desafíos mencionados indican que aún existen brechas significativas por cerrar.

Recomendaciones para una operatividad Efectiva

Fortalecer la Coordinación Institucional
Es esencial simplificar las estructuras administrativas, estableciendo mesas de trabajo permanentes entre los distintos niveles de gobierno. Esto podría facilitar una mayor coherencia en la planificación y ejecución de políticas territoriales, reduciendo la burocracia y mejorando la eficiencia.

Mejorar los Mecanismos de Participación Ciudadana
La creación de plataformas accesibles para consultas públicas y la promoción de observatorios locales podrían ser medidas efectivas para asegurar una participación más representativa y activa de las comunidades en el proceso de planificación.

Asegurar la Efectividad de las Recomendaciones
Aunque la ley mantiene un enfoque orientador, sería recomendable establecer lineamientos técnicos mínimos obligatorios, especialmente en áreas críticas como la gestión de riesgos o la protección de ecosistemas sensibles. Esto permitiría mantener un equilibrio entre la flexibilidad territorial y la necesidad de directrices claras.

Desarrollar Herramientas de Evaluación y Monitoreo
Definir claramente los mecanismos de evaluación continua y ajuste de las políticas territoriales podría ayudar a garantizar que las acciones implementadas realmente contribuyan a los objetivos de sostenibilidad y desarrollo a largo plazo.

Enfocar la Gestión de Riesgos de Desastres
Aunque no se establecen usos específicos del suelo, se pueden definir áreas recomendadas para la construcción y desarrollo intensivo, integrando criterios de riesgo en la planificación territorial. Esto permitiría adaptar rápidamente las políticas a nuevas amenazas, especialmente en zonas propensas a desastres naturales.

La Ley de Ordenamiento Territorial y la creación del SINADOT representan un avance importante para la planificación territorial en Perú, ofreciendo un marco más integral y adaptativo. Sin embargo, la efectividad de esta ley dependerá en gran medida de cómo se aborden los desafíos identificados, especialmente en términos de coordinación administrativa, participación ciudadana y vinculación de las recomendaciones técnicas.

El éxito no solo se medirá por su capacidad de promover un desarrollo sostenible y equitativo, sino también por su habilidad para transformar las orientaciones generales en acciones concretas que generen un impacto positivo en las comunidades y en el uso eficiente del territorio. Para ello, será crucial una combinación de voluntad política, capacidad técnica y una participación activa y real de todos los actores involucrados.

Fuente de imagen: ANDINA