DERECHO A LA CIUDAD Y ACCESO DESIGUAL A LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

Artículo: Leska Jackeline Marcela Rojas Barrientos

Al momento de definir una ciudad, se mencionan aspectos como grandes áreas verdes, viviendas funcionales y estéticamente agradables, movilidad urbana sostenible y una amplia oferta de comercio y entretenimiento. Sin embargo, para una gran parte de la población, esta definición no se ajusta a su realidad. Existen sectores que no solo carecen de estos privilegios, sino que además enfrentan una escasez alarmante de recursos básicos.

Todos deberíamos tener derecho a vivir en una ciudad que satisfaga nuestras necesidades y garantice una buena calidad de vida, pero la realidad es que muchas ciudades padecen problemas como la informalidad urbana, la falta de planes de acción ante desastres naturales, la expansión descontrolada, la ilegalidad y la carencia de acceso a servicios esenciales. Estas deficiencias no solo afectan el desarrollo urbano, sino que también limitan el bienestar de sus habitantes.

El derecho a la ciudad no se limita al acceso a servicios básicos; también implica la posibilidad de participar activamente en la construcción y transformación del espacio urbano. De acuerdo con la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005), «el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, usar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes esenciales para una vida plena y decente». Esto nos recuerda que las ciudades no deben ser diseñadas solo para unos pocos, sino que deben responder a las necesidades de toda la sociedad.

En Lima, la desigualdad urbana es evidente. Las zonas norte y sur de la ciudad no cumplen con las necesidades de sus habitantes y, en lugar de ofrecer soluciones, generan más dificultades en el día a día de las personas. En estas zonas existen humedales y huacas que podrían funcionar como espacios de conservación ambiental y cultural o como puntos de atracción turística. No obstante, debido a la falta de planificación urbana y al desinterés de las autoridades, estos espacios terminan convertidos en vertederos de residuos sólidos, focos de contaminación y lugares abandonados de los que nadie se hace responsable. La ausencia de una gestión adecuada no solo priva a la población de sus beneficios, sino que también agrava la crisis ambiental y social en la ciudad.

Un claro ejemplo de esta problemática es el caso de los humedales de Chancay. De acuerdo con diversos estudios ambientales, estos ecosistemas desempeñan un papel crucial en la regulación del clima, la filtración del agua y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, la urbanización descontrolada y la falta de regulación han llevado a su degradación. La expansión de asentamientos humanos y la contaminación han reducido significativamente su extensión, afectando a la flora, la fauna y a las comunidades que dependen de ellos. En lugar de ser protegidos y aprovechados para el ecoturismo o la educación ambiental, están siendo convertidos en terrenos baldíos y espacios de acumulación de desechos. La pérdida de estos humedales disminuye la calidad ambiental de la ciudad y priva a la población de un recurso natural invaluable.

El acceso a la naturaleza y a espacios recreativos es fundamental para la salud física y mental. Sin embargo, en muchas viviendas ubicadas en los cerros de Lima, las personas no cuentan con parques ni áreas verdes cercanas. En su lugar, el único espacio recreativo disponible suele ser una cancha deportiva de cemento, cuyo uso está restringido a un grupo reducido de habitantes. Esto excluye a una gran parte de la población, especialmente a mujeres, niños y adultos mayores, quienes también necesitan espacios adecuados para la recreación y el descanso. La desigualdad en el acceso a estos servicios ecosistémicos refleja la falta de inclusión y equidad en el diseño urbano.

Mientras algunas ciudades han apostado por integrar corredores verdes urbanos y programas de reforestación en zonas marginales, en Lima estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. El urbanismo no solo debe considerar la ecología y el paisaje, sino también garantizar seguridad e inclusión, especialmente para mujeres y comunidades vulnerables.

La ciudad debería ser un espacio de oportunidades y bienestar para todos, pero la realidad nos muestra un modelo urbano excluyente, donde solo algunos pueden disfrutar de servicios de calidad y de un ambiente saludable. La falta de equidad en el acceso a los servicios ecosistémicos es una muestra más de cómo las ciudades han sido diseñadas para beneficiar a ciertos grupos, mientras que otros quedan relegados a zonas sin infraestructura, sin seguridad y sin espacios de recreación adecuados.

El derecho a la ciudad es un principio fundamental que debería garantizar condiciones dignas para todos los habitantes. Sin embargo, la realidad demuestra que este derecho sigue siendo un privilegio de unos pocos. La desigualdad en el acceso a los servicios ecosistémicos refleja las falencias de un modelo urbano que ignora las necesidades de amplios sectores de la población.

No podemos seguir permitiendo que el desarrollo de la ciudad se realice a costa de la exclusión y la degradación ambiental. Es necesario replantear la forma en que concebimos y gestionamos los espacios urbanos, priorizando la justicia espacial y la sostenibilidad. La protección de ecosistemas como los humedales de Chancay es una tarea urgente que no puede seguir postergándose. Solo asumiendo un compromiso real con la equidad y el medio ambiente podremos construir ciudades más inclusivas, resilientes y equitativas para todos.