La urbanización contemporánea constituye uno de los principales escenarios donde se materializan las contradicciones entre la lógica de acumulación del capital y la necesidad de garantizar un acceso equitativo al suelo urbano. El espacio deja de ser únicamente un soporte físico para convertirse en un bien económico cuyo acceso, permanencia y valorización dependen crecientemente del funcionamiento del mercado del suelo. En este contexto, la expansión de asentamientos informales, la segregación socioespacial y la concentración diferencial de infraestructura y oportunidades urbanas no representan fenómenos aislados, sino expresiones de un mismo proceso de producción desigual del territorio.

Henri Lefebvre sostiene que el espacio urbano es una producción social resultado de relaciones de poder, intereses económicos y decisiones políticas que configuran la ciudad según las dinámicas de acumulación capitalista. Bajo esta perspectiva, el suelo adquiere un carácter estratégico al constituirse simultáneamente en soporte de la vida urbana y en mercancía susceptible de generar renta. Como consecuencia, la capacidad de acceder a localizaciones con mayores niveles de accesibilidad, equipamientos y servicios deja de responder exclusivamente a necesidades habitacionales para depender, en gran medida, de la capacidad económica de los distintos grupos sociales. La desigual distribución del espacio urbano constituye, por tanto, una manifestación concreta de las desigualdades estructurales del sistema económico.

Desde una perspectiva diferente, Hernando de Soto explica que una parte significativa de la expansión urbana informal responde a las limitaciones del mercado formal de suelo y de los sistemas institucionales de propiedad. Los elevados costos de acceso, la excesiva regulación administrativa, la inseguridad jurídica y la limitada oferta de suelo urbanizado excluyen a amplios sectores de la población del mercado formal, obligándolos a resolver su necesidad de vivienda mediante procesos de ocupación, autoconstrucción y consolidación progresiva. En este escenario, la informalidad no constituye una elección voluntaria, sino una respuesta racional frente a un mercado incapaz de ofrecer alternativas accesibles para los hogares de menores ingresos.

Ambos enfoques permiten comprender que la informalidad urbana no debe interpretarse como una anomalía ni como el resultado exclusivo de la pobreza, sino como la consecuencia de estructuras económicas e institucionales que restringen el acceso al suelo urbanizado. Mientras Lefebvre enfatiza que la desigualdad espacial responde a la lógica de producción del espacio bajo el capitalismo, De Soto identifica las fallas institucionales que impiden incorporar amplios sectores de la población al mercado formal de la propiedad. En ambos casos, el resultado converge en una misma realidad territorial: la reproducción sistemática de patrones de segregación y exclusión urbana.

Esta relación adquiere especial relevancia al analizar el comportamiento del valor del suelo. La valorización generada por inversiones públicas, mejoras en accesibilidad, infraestructura o cambios normativos incrementa significativamente los precios del suelo urbano, favoreciendo procesos de desplazamiento residencial y dificultando el acceso de los grupos de menores ingresos a las áreas mejor servidas de la ciudad. De este modo, el mercado opera como un mecanismo de selección territorial donde la capacidad de pago determina la localización de la población y, en consecuencia, el acceso diferencial a oportunidades económicas, educativas y sociales.

En este sentido, la producción desigual del espacio no responde únicamente a dinámicas inmobiliarias, sino también a la ausencia o debilidad de políticas públicas capaces de regular el mercado del suelo, redistribuir las rentas urbanas y garantizar una oferta suficiente de suelo urbanizado. Instrumentos como la captura del incremento del valor del suelo, la gestión pública del suelo, el reajuste de terrenos, las operaciones urbanísticas o las políticas de vivienda de interés social buscan precisamente corregir estas distorsiones, recuperando parte de las plusvalías generadas colectivamente para reinvertirlas en infraestructura, espacio público y vivienda asequible.

Desde esta perspectiva, el derecho a la ciudad propuesto por Lefebvre trasciende el acceso físico al espacio urbano y plantea la necesidad de democratizar los beneficios derivados de la urbanización. Complementariamente, la propuesta institucional de De Soto pone de manifiesto la importancia de construir mercados del suelo más inclusivos, donde la formalización de la propiedad y la reducción de barreras regulatorias permitan ampliar las oportunidades de acceso sin reproducir mecanismos de exclusión. La convergencia de ambos enfoques evidencia que la construcción de ciudades más equitativas requiere intervenir simultáneamente sobre las dinámicas económicas del mercado del suelo y sobre las condiciones políticas e institucionales que regulan la producción del espacio urbano.

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